El acoso de más de medio millar de ultras a la asamblea que el 24 de septiembre reunió en Zaragoza a 400 cargos públicos para tratar de buscar una salida política al proceso soberanista catalán ha quedado impune: las eventuales infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana cometidas por quienes participaron en la concentración no autorizada prescriben este sábado, y las pesquisas para identificar al autor del botellazo que sufrió la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, están archivadas “por falta de autor conocido”.

La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza no ha abierto ningún expediente de ‘ley mordaza’ a ninguno de los quince participantes en la concentración ilegal que llegaron a ser identificados por la Policía (uno de cada 40), según confirmaron fuentes de la institución. “No abrimos nada porque no nos ha llegado nada, ni de la Policía ni de ningún juzgado”, señalaron.

Sin embargo, un portavoz de la Jefatura Superior de Policía aseguró que las identidades de los quince participantes en la concentración clandestina sí habían sido comunicadas, de la misma manera que tanto el archivo de la investigación sobre el autor del botellazo como las diligencias por la agresión que ese día sufrió un agente habían sido trasladada a los juzgados. “Informamos al juzgado y a la Delegación de todos los incidentes de ese día”, indicó.

En cualquier caso, la Subdelegación no ha abierto ningún expediente sancionador, y eso hace que las presuntas infracciones vinculadas con la concentración ultra, que obligó a permanecer recluidos en el pabellón Siglo XXI tanto a los cargos públicos como a los periodistas que cubrían el acto, prescriban este sábado, 24 de marzo, al haber pasado seis meses desde que fueron cometidas. Sus autores no podrán ser sancionados.

Ultras, políticos, policías y un botellazo a la presidenta

La concentración había sido convocada a través de las redes sociales, entre otros por organizaciones de ultraderecha como el MSR, pero carecía de permisos para llevarla a cabo.

Se supo que la asamblea iba a tener lugar en Zaragoza cuando faltaban cuatro días

Se supo que la asamblea, que reunió a diputados estatales y autonómicos, senadores, concejales y alcaldes de doce partidos y confluencias, iba a tener lugar en Zaragoza cuando faltaban cuatro días y el local, el pabellón siglo XXI, no se conoció hasta la antevíspera, mientras que la normativa exige que los permisos para manifestarse se soliciten con al menos una semana de antelación.

Factores como la polémica por la supuesta retirada de una serie de banderas que estaban en el pabellón cuando este abrió sus puertas calentaron los ánimos hasta provocar la movilización de más de medio millar de radicales, algunos de ellos con banderas franquistas, que durante más de tres horas profirieron durante horas gritos y consignas contra los participantes en la asamblea, unos 400 cargos públicos de una docena de partidos y confluencias convocados por Unidos Podemos.

Varios de ellos llegaron a aporrear las puertas, lo que obligó a los responsables de seguridad del acto a cerrar los accesos tras comunicarles los mandos del despliegue policial que no podía garantizar la seguridad de quien saliera a la calle, y uno de ellos llegó a agredir con un botellazo a la presidenta de las Cortes de Aragón.

En la manifestación ilegal no solo participaron ciudadanos anónimos. También estuvo allí, entre otros del ámbito político, el secretario de Organización del PP de Zaragoza ciudad, José Luis Benítez, que difundió su presencia en sus redes sociales. Y tampoco el MSR fue el único convocante. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía que tomaron parte hicieron llamamientos a sus compañeros a través de un grupo de ‘wahts app’ para que se sumaran, según informó Eldiario.es.

La ley y las normas

La ley de Seguridad Ciudadana sanciona con multas de cien a 600 euros a quien participa en una concentración o manifestación no autorizada, una infracción tipificada como leve que prescribe a los seis meses de haberse cometido si no se ha abierto antes el expediente, como ha ocurrido en este caso.

“La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal”, sería una infracción grave, castigada con multas de 601 a 30.000 euros y que tarda un año en prescribir, si bien el acoso ultra del 24 de septiembre no encajaría en ese artículo porque requiere acceder al recinto en el que se celebra, algo que en este caso no ocurrió.

En el caso del botellazo a la presidenta de las Cortes autonómicas, las pesquisas quedaron archivadas en la misma Jefatura Superior de Policía de Aragón tras ser sobreseídas al no haber sido identificado el autor.

Esas diligencias, que contienen las reseñas de los quince participantes en la protesta ilegal identificados por la Policía, no llegaron a ser remitidas al juzgado: ningún juez ni fiscal las reclamaron, y la Policía solo ha de enviar los asuntos sin autor identificado cuando se trata de homicidios, asesinatos, delitos sexuales, corrupción o ataques a la integridad física, y el atentado a la autoridad se considera un delito contra el orden público.