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Renace la lechería tradicional

El futuro mira hacia el pasado. Productos Lácteos Artesanos Torreconde, el único productor ecológico aragonés de leche, yogur y queso de vaca, ha dado un nuevo paso en su proyecto al abrir una lechería tradicional en el entorno del Mercado Central de Zaragoza, concretamente en el número 111 de la avenida Cesaraugusto. Así, cierra el
ciclo de producción, con venta directa al consumidor final.

No solamente ofrece al público su leche, yogur y quesos ecológicos, sino que ha instalado un dispensador que permite la venta a granel, en la botella o recipiente que aporte el interesado, aunque también le ofertan una tradicional botella de vidrio. Así, el precio del litro recae de 2,20 a 1,90 euros, y se eliminan residuos, luchando contra el
cambio climático y a favor del medio ambiente.

Y disponen de leche sin lactosa, para los intolerantes.

«Abrimos al público el pasado 11 de diciembre –explica Javier Sanz, impulsor junto con su hermano Juan del proyecto− y ya vendemos diariamente la mitad de la leche
a granel». Unos 15 litros del total de su producción diaria, estimada en 300. Que llegan a «todo tipo de consumidores, desde gente mayor a jóvenes, pasando por padres que se
preocupan por la alimentación de sus hijos y también mucha gente y hostelería del barrio», explica Javier. «Hay quien viene a por un litro antes de hacer croquetas, porque dice que así le salen más ricas», añade, y en breve «ofreceremos un vaso de leche con una madalena, también ecológica».
Inquietos, están ya planteándose abrir una segunda tienda por el centro de Zaragoza. En poco más de año y medio, los hermanos Sanz han triplicado su producción
de leche, sirven a colegios e instituciones y han creado cuatro puestos de trabajo. Y todo comenzó con unas cuantas vacas compradas por el sistema de lesasing…
La tienda se complementa con otros productos ecológicos, «procedentes de compañeros del mercado de los sábados». Además de su propio aceite monovarietal de
arbequina, Olium, yogur y una amplia variedad de quesos –fresco, con hierbas, en crema, semicurado y curado− disponen de pan, harina, zumos, naranjas, latas y café y chocolates
de comercio justo.
Abre toda la semana, de lunes a sábado de 9.30 a 14.30 y de 17 a 20 horas, y los domingos, de 9.30 a 14.30 horas. Para dar a conocer sus productos, han preparado estos
días un lote de productos lácteos –leche, yogur y queso− por seis euros.

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Ser rural en tiempos de Netflix

Texto publicado por Miguel A. Gracia Santos en su blog consultoraeuropea

Original aquí.

Hablando últimamente con padres y madres de cierto poder adquisitivo e hijos adolescentes, una queja reiterada por parte de los primeros era que, ante la oferta de viajes o vacaciones a lugares paradisíacos o únicos en el mundo, sus hijos respondían con cierta displicencia y, prácticamente solo preguntaban una cosa: “¿Hay wifi…?”. Dejando aparte la abulia propia de ciertos jóvenes acomodados que lo tienen todo hecho, es cierto que, en un mundo en red e hiperconectado como el actual, el dejar de estarlo -aunque sea para unos pocos días- representa un obstáculo aparentemente insalvable para muchas personas, sobre todo jóvenes, que no ven compensación en el supuesto atractivo del plan propuesto (ya sea un viaje al Caribe o a esquiar en los Alpes…).

Este hecho concurre con otros que vemos de manera más cotidiana.  Por ejemplo, desde hace unas semanas está en el candelero la película “Roma” producida por Netflix y que se emite a través de esta plataforma digital.  El “candelero” en cuestión es, también, sobre todo digital: hay más de 27 millones de referencias en Google a esta película.  Lo que sucede es que esa película es “invisible” para una gran parte de la población del medio rural, que no tiene acceso a Internet lo suficientemente potente como para ver Netflix en unas mínimas condiciones.  Yo mismo me fijo en mi hijo de ocho años, viendo a diario casi dos horas de televisión digital (Netflix, Youtube u otras plataformas), y me pregunto: ¿sería capaz de vivir en un pueblo donde este recurso, sencillamente, no existiese? ¿con qué lo compensaría? ¿con qué otras cosas jugaría? ¿bastaría la presencia de otros niños -si los hubiera-, para compensar esta ausencia? Y más aún, ¿crearía esta ausencia de contenidos una dificultad posterior de inserción en la sociedad digital…? ¿cómo podría integrarse en una sociedad que recibe la mayor parte de sus inputs culturales, sociales, económicos…por vía digital, si no ha tenido un acceso fluido a dicha vía…?

Como sucede en muchas ocasiones, el debate llega tarde al medio rural, y no sólo en España, o en Europa: también en USA, donde 34 millones de norteamericanos tienen un deficiente acceso a Internet.  Estamos preocupados por la infraestructura -por la banda ancha-, por sí misma (igual que por la carretera por sí misma); es decir, estamos ocupados por el continente, pero muy poco por el contenido.  Los ilusos que creen que la despoblación es solo una cuestión de “empleo” o de “empresas”, piensan en la banda ancha como herramienta para atraer determinadas actividades económicas (siempre se habla de arquitectos, de consultores, de programadores o de otras profesiones liberales, pero no sé yo si conozco, al cabo de tantos años, algún caso real de profesional de este tipo asentado en un pueblo perdido…).  Pero no se piensa en ella como lo que es, sobre todo: un vehículo para ensanchar nuestra visión del mundo, y una herramienta de socialización.  Ahí, en los aspectos sociales y culturales, mucho más que en los económicos, es donde radica la verdadera “brecha digital”.

Igual que la gente que vive en las ciudades, la gente de los pueblos también puede querer wasapear, tuitear, tener amigos en Facebook o en Instagram, comprar en Amazon, ver películas y consumir series en Netflix o HBO o Filmin, leer prensa digital, ligar en Tinder o jugar a Fortnite o a Minecraft con amigos lejanos…la gente de los pueblos quiere formar parte de la red.  Lo que no quiere decir que todo lo que venga de la red sea bueno, ni que cree el mejor de los mecanismos de socialización.  De hecho, ya hay autores que muestran su escepticismo hacia los modelos de sociedad creados en torno a las redes sociales y al mundo digital en general.

Por ejemplo, es cada vez más evidente el papel jugado por los gigantes del comercio por Internet en la desaparición del comercio de proximidad (tanto urbano como rural), pero a su vez es indudable la cantidad y calidad de productos y servicios a los que se puede acceder por esta vía.  En otro ámbito más filosófico, el pensador coreano (afincado en Alemania) Byung-Chul Han, se muestra muy crítico hacia ese “enjambre digital” en que se convierten las sociedades digitales. Sociedades de la “transparencia obligatoria”, cuyos individuos se muestran impúdicamente en la red, pero a su vez son incapaces de construir un “nosotros”, un sujeto colectivo que trascienda lo transitorio y accesorio y sea capaz de engendrar un “futuro”; es decir, que son incapaces de crear verdadera comunidad.

Ante esto, tal vez cabría otra posibilidad: convertir el “aislamiento” de las redes en un ejercicio de “militancia activa” por otro modelo de convivencia.  Hacer buena la noción de “aldea gala”, que se resiste al invasor-uniformador digital, para reivindicar una forma de vida mucho más próxima, más comunitaria, donde todos son individuos con nombre y a la vez constituyen un “nosotros” capaz de hacer cosas juntos.  Tal vez sea más “humano” vivir en una pequeña comunidad, donde todos se conocen y tienen nombre y apellidos, que vivir en una inmensa soledad rodeada de gente, mientras cada uno se aísla en el mundo que le llega a través de su Smartphone…Tal vez sea más colaborativa “de verdad” la economía comunitaria de muchos pueblos pequeños, que el modelo Uber de monetización de datos y explotación de los individuos…

El reto es, en suma, ser capaces de adoptar los aspectos más interesantes y positivos que podría ofrecer la red (inmediatez, ampliación de la cosmovisión, tolerancia, apertura…), pero manteniendo los aspectos positivos de la vida vis a vis en una pequeña comunidad: nombres y apellidos, empatía, proximidad, colaboración…

Pienso en la experiencia de los teleclubes de los años 60, como forma de hacer llegar la televisión y todo lo que conllevaba, manteniendo el carácter comunitario de los pequeños pueblos.  Pienso en la necesidad de definir mecanismos de participación ciudadana y de buena gobernanza para que los smart villages sean eso precisamente, pueblos inteligentes (en el sentido de ser capaces de resolver los problemas de sus habitantes), y con una adecuada dotación tecnológica, al servicio de la gente, complementaria y no sustitutiva de sus redes personales.

 

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¿Repoblar…según con quién?

Texto publicado por Miguel A. Gracia Santos en su blog consultoraeuropea

Original aquí.

En una conversación mantenida días atrás, sobre estos temas de despoblación rural, uno de mis interlocutores apuntó una solución sencillísima: “Pues mira qué es fácil: con la de gente que emigra y que quiere emigrar, de África y de por ahí, te los traes a las aldeas y los  pueblos, y ya está, pero no se hace”…La sencillez de la propuesta resultaba casi enternecedora, muy acorde con estos tiempos de tuits, inmediatez, pensamientos cortos e incapacidad para leer más allá de las primeras cuatro posiciones de Google…pero  el mundo es mucho más complejo, y se resiste a estas categorizaciones tan simplonas.  No obstante, la propuesta sí merece alguna reflexión.

Con carácter previo, esta idea parte del supuesto de “dar por buena” la idea de repoblar, es decir, la idea de que la despoblación es un fenómeno intrínsecamente malo, contra el que hay que luchar.  Y si no hay jóvenes en los pueblos que se vayan a quedar allí, lo que hay que hacer es traerlos de otros lugares (ya sea una gran ciudad, ya sea el África subsahariana, pongamos por caso).  Esta idea obvia el carácter global del fenómeno de la urbanización (hoy mismo leía que un tercio de la población de España vivirá en Madrid y Barcelona en 2035) y por ello es una lucha sin victoria posible; cuando, por el contrario, deberíamos más bien centrarnos en las oportunidades que ofrece la despoblación: un enfoque adaptativo y resiliente, en lugar de reactivo…

Pero, dado que, al menos, una mínima parte de gente joven sí que va a hacer falta para manejar el territorio, ¿qué nos hace pensar que serían los emigrantes quienes lo hicieran?  ¿qué nos hace pensar que, donde los autóctonos no han encontrado oportunidades ni proyecto de vida, lo van a encontrar los emigrantes?  Me da la sensación de que, en ese discurso, que veces se viste incluso de progresía, subyacen en realidad algunos clichés de tinte xenófobo o incluso racista, y me explico:

Para empezar, los hechos hablan por sí solos: en los años de la burbuja inmobiliaria y la “bonanza” económica, cuando España era destino de la inmigración -latinoamericana, magrebí, rumana…-, ésta también llegó a pueblos del interior peninsular: gente que se dedicó a trabajar en la construcción, o como pastores, o cuidando ancianos a todas horas del día, o llevando el bar…Gente “para todo”, trabajando muy duro, en trabajos de escaso valor añadido y normalmente mal pagados…A pesar de esta precariedad, algunos debían de pensar que debía parecerles “Jauja”, comparada con las condiciones de su vida anterior (guerras, corralitos, persecuciones políticas, miseria en general…), y veían en estos “nuevos pobladores” la prueba de que el medio rural contaba con recursos y posibilidades para sostener población joven, y encima era “acogedor” con dichos nuevos pobladores.

La crisis económica rompió el espejismo y mostró claramente las contradicciones del modelo: muchos inmigrantes, faltos del trabajo en la construcción y servicios, marcharon hacia las ciudades, o hacia otros lugares, en busca de oportunidades.  Hay quien les tildó de “desagradecidos” (“¿Acaso no les habíamos dado un trabajo y un lugar donde vivir, a ellos que venían de la miseria…?”), olvidando que a ningún ser humano se le puede negar la oportunidad de progresar y de mejorar su proyecto de vida, y olvidando también la más mínima autocrítica acerca de las condiciones ofrecidas: trabajos duros, sin horario, con escasas garantías sociales, sin posibilidad de desarrollo profesional o personal…y, además, la desconexión con sus raíces (para ellos y para sus hijos), desde todos los puntos de vista.

Hoy, parece que esa lección, en líneas generales, no se ha aprendido.  Se multiplican los foros y las alianzas “contra la despoblación” y “por el medio rural”, pero su acento sigue puesto en el victimismo, en el “abandono” por parte de las administraciones hacia quienes “allí viven”, con especial énfasis en las infraestructuras (sobre todo) y los servicios públicos.  Sin embargo, casi nunca se menciona la necesidad de una política integral de inmigración, que reconozca la urgencia de su participación en la recuperación del medio rural, pero al mismo tiempo reconozca el valor de esas personas como tales, como personas, no como mano de obra barata o como simple “herramienta”, no como “moros” o “negros” o “rumanos” con los que contar para los trabajos más duros sin preocuparse mucho de ellos…Parece que, por ser emigrantes y venir de situaciones muy difíciles, ya puedan o deban conformarse con cualquier cosa.  Es más, algunos de estos foros y movimientos empiezan a estar cooptados por posiciones muy reaccionarias y, en esta cuestión, abiertamente xenófobas.

Una honrosa excepción a este olvido es, por ejemplo, la “Directriz aragonesa de política demográfica y contra la despoblación”, que sí recoge numerosas iniciativas para reforzar el papel de los inmigrantes contra la despoblación, pero al mismo tiempo cuidando las facetas personales, profesionales, culturales, etc….de dichas personas inmigrantes.  El recorrido real de esta Directriz, desde el papel y las buenas intenciones hasta su aplicación concreta, es ya otra cuestión…

¿Pueden venir emigrantes al medio rural? Por supuesto.  ¿Vendrán a los pueblos más pequeños y en mayor declive demográfico? No: esto ya ha pasado: los emigrantes van a las capitales, a las cabeceras y a los núcleos más dinámicos, pero no a los más pequeños.  Pero es un camino que hay que recorrer igualmente, para crear círculos virtuosos en torno a necesidades complementarias: buscar un proyecto de vida para personas vulnerables que huyen de situaciones sencillamente horribles en muchos casos, y que éstos puedan aportar su savia a un medio rural y una sociedad que los cuide, los reconozca y los merezca.

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Daroca también resiste

Artículo Original: El prismático de Aragón (eldiario.es)

Plácido Díez

Las provincias de Teruel y de Soria podrían recibir ayudas europeas para zonas “poco pobladas” al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, según un reciente informe no vinculante del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) a petición de la dirección general de Economía del Gobierno de Aragón.

Serían ayudas a la inversión, a los sobrecostes del transporte de mercancías y también la reducción de las contribuciones sociales para empresas radicadas en “zonas muy poco pobladas”, lo que aliviaría los costes laborales. Eso sí, las tendría que solicitar el Estado español y ratificar la Comisión Europea como zonas muy poco pobladas en el mapa de ayudas regionales.

La noticia aumenta las expectativas de que estas ayudas que hasta ahora solo reciben los desiertos demográficos de los países nórdicos (Noruega, Suecia y Finlandia), por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, se amplíen a las provincias de la Unión Europea con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Es verdad que su eficacia quedaría limitada en el tiempo y económicamente por el nuevo mapa de ayudas regionales, que entrará en vigor a partir de 2021, y por la disponibilidad de fondos europeos.

La noticia ha coincidido con la convocatoria del ayuntamiento y de la comarca de Daroca este sábado 9 de marzo para reclamar un trato justo en el reparto de las ayudas contra la despoblación y la adopción de medidas urgentes para frenar la sangría demográfica.

La comarca de Daroca ha perdido casi el 20 por ciento de sus habitantes en lo que va de siglo XXI. Agrupa a 35 municipios, que suman 5.557 habitantes, 2.000 en la cabecera y el resto se reparten por los 34 núcleos restantes, lo que da una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado.

22 de los 35 municipios tienen menos de 100 habitantes, en 20 de ellos no hay menores de 15 años, los mayores de 65 años representan el 35 por ciento de la población y los mayores de 85, el índice de sobreenvejecimiento, alcanzan ya el 17 por ciento.

El principal sector por número de empleos es el avícola, el de producción de huevos en las granjas de Villarreal de Huerva y Mainar, seguido de “Pastas Romero”, una referencia agroalimentaria familiar que ha decidido no deslocalizarse.

La cabecera comarcal, Daroca, ha acentuado su aislamiento en los últimos años al quedarse apartada de la autovía mudéjar, sin que lo que se le ofreció como compensación se haya ejecutado: la autovía Daroca-Calatayud. La Fundación “Campo de Daroca” tampoco está consiguiendo los resultados que ha logrado la Fundación “Santa María” de Albarracín como referencia y motor cultural, histórico y artístico, para el territorio.

Con estos datos sobre la mesa, ¿quién puede sostener que la comarca de Daroca, como las de Belchite (4 habitantes por kilómetro cuadrado), Ribera Baja del Ebro (8,8), Cinco Villas (10), no estén incluidas en el mapa de ayudas europeas a “zonas muy poco pobladas”?

En el caso de la provincia de Zaragoza, del Cuarto Espacio, habría que incluir también la del Aranda que está por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y las de Calatayud, Campo de Cariñena y Bajo Aragón-Caspe que, si exceptuamos las cabeceras comarcales, podrían entrar en la categoría de desiertos demográficos.

En la provincia de Zaragoza, el 70 por ciento de los 292 municipios están en riesgo de extinción al contar con menos de 500 habitantes empadronados.

Y esta reflexión se puede extender a muchos territorios de la provincia de Huesca, de la España y de la Europa vaciada. Los desiertos demográficos no son exclusivos de unas provincias que, hay que reconocerlo, fueron las más ágiles e insistentes, los casos de Teruel, Soria y Cuenca, en crear un grupo de presión con la presencia de los agentes sociales, cámaras de comercio, entidades financieras, para intentar acceder a esas ayudas europeas para áreas escasamente pobladas. La de Cuenca ya no entra en esa categoría porque, al quedarse el PIB de Castilla-La Mancha por debajo del 75 por ciento de la media de los 28 estados de la UE, esa comunidad autónoma ya accede a la máxima intensidad de las ayudas regionales europeas.

No se trata –sería un error y una pérdida de tiempo y de energías- de entrar en una frustrante carrera para demostrar qué provincia está peor. De lo que se trata es de hacer visible que con el criterio de la provincia no se garantiza la equidad y el justo reparto de las ayudas europeas. Hay que buscar unidades de medida más pequeñas y más precisas para evitar que las capitales de provincia y sus áreas de influencia, y en menor medida las cabeceras comarcales, distorsionen la realidad de las personas que viven en desiertos demográficos.

España es un país muy urbano. Más del 80 por ciento de la población vive en menos del 20 por ciento del territorio y 4 de cada 5 españoles residen en municipios de más de 30.000 habitantes. La tendencia a la concentración urbana se va a mantener en los próximos años por eso, al igual que sucede con las ayudas regionales europeas, hay que darle más peso y más valor electoral a las comunidades pequeñas que están manteniendo vivos los territorios.

Eduardo Moyano, un profesor del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), subraya que en Francia, que al igual que en España el sector agrario representa el 3 por ciento del PIB y aproximadamente el 4 por ciento del empleo, están mucho más vivos el debate y las propuestas políticas concretas sobre el futuro de las personas que viven en los espacios vacíos, como se ha comprobado recientemente con las protestas de los “chalecos amarillos”. Digamos que, más allá de las campañas electorales, los políticos los incluyen en su agenda de prioridades.

Moyano destaca en un reciente artículo publicado en el periódico digital The Conversation que en Francia “al ser la circunscripción electoral muy pequeña (equivalente a una comarca), el voto de las personas que viven en las áreas rurales tiene mucha influencia en la asignación de escaños. Por eso, el interés por los temas relacionados con la agricultura y el mundo rural se extiende al ámbito de las acciones políticas concretas, formando parte de los debates políticos previos a los comicios electorales”. Esto explicaría la intensa gira que está realizando el presidente Macron por la Francia interior remangándose para debatir durante horas y horas con las gentes del territorio.

En España, añade el investigador, al ser la provincia la circunscripción electoral, “el peso político de las áreas rurales es menor, siendo contrarrestado por el voto de las capitales de provincia y de los grandes municipios urbanos. De ahí que, en los discursos sobre el estado de la nación, ni en las sesiones de investidura, ni en las mociones de censura, los temas agrarios y rurales estén presentes, más allá de alguna referencia de pasada”.

Cuando hablamos de asuntos de las comunidades rurales, tenemos que abrir el objetivo, por ejemplo, a una alimentación sana y de calidad, a un paisaje y a unos cielos limpios, a los modelos de agricultura y ganadería intensivos o más extensivos y ecológicos, al relevo generacional, a la cotitularidad de las mujeres en las explotaciones agrarias, a las ayudas europeas que primen más la actividad que la superficie, a la digitalización y a la apertura a nuevas ocupaciones que se pueden desarrollar en la España de interior, al ritmo más tranquilo y humanizado de vida, a las relaciones personales y colaborativas……

El sábado en la movilización de Daroca se pondrá el acento, seguro, en una unidad de medida más pequeña que la provincia para recibir ayudas y para pesar electoralmente, y también en un reparto más equitativo de los fondos especiales. En concreto, que la partida de 30 millones de euros anuales que habilita el Gobierno de Aragón para el Fondo Especial de Teruel, se habilite también para los territorios que, fuera de la provincia de Teruel, están en la misma situación de despoblación, envejecimiento y baja actividad económica. ¿Por qué en Calamocha sí y en Daroca no?, ¿Por qué en Báguena sí y en Anento no?, municipios que están separados por muy pocos kilómetros.

Ya en abril de 2017, la Diputación Provincial de Zaragoza solicitó al Gobierno de Aragón un fondo especial de inversiones públicas y privadas de 50 millones de euros. Previamente, se había creado con la Universidad de Zaragoza una cátedra institucional sobre despoblación y creatividad, la primera de España cuyo primer encuentro público se organizó en Daroca, en el salón de actos de la Fundación; se había constituido un Consejo provincial sobre despoblación y por el desarrollo rural; y un programa, Desafío, de prácticas de verano de estudiantes universitarios en municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia.

Posteriormente se aprobaron –también fue la primera institución en hacerlo- unos fondos específicos para frenar la despoblación, dotados con 1.300.000 euros durante 2019, dirigidos a pequeños y medianos empresarios, cooperativas, autónomos, asociaciones, fundaciones y organizaciones empresariales y sindicales, a iniciativas que están surgiendo desde abajo hacia arriba.

La sensibilidad municipalista mueve a las instituciones más cercanas a los ciudadanos como ayuntamientos, comarcas, diputaciones y comunidades autónomas. De lo que se trata ahora es de canalizarla sumando esfuerzos, trabajando en red en todo Aragón y en toda la España interior, compartiendo una misma narración de energía y difusión de la creatividad y la calidad de vida de las comunidades rurales.

Así lo están haciendo por ejemplo los impulsores de “El secadero de ideas”, a caballo del Jiloca turolense y zaragozano, o “La Riada” que reunió el pasado fin de semana en Burbáguena a dinamizadores de 19 comarcas de Aragón, o los Grupos de acción local y los agentes de empleo, presionando todos a la vez para que el reparto de ayudas europeas sea equitativo y se ajuste a la realidad de las personas, de todos los que viven en las áreas despobladas residan en la provincia que residan.

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Pueblos en venta, comunidades y repoblación

Texto publicado por Miguel A. Gracia Santos en su blog consultoraeuropea

Original aquí.

Días atrás, tuve ocasión de leer un artículo en “El País”, cuyo titular me había llamado la atención: “Compre un pueblo abandonado en España y dese prisa porque sube de precio”.  “¿Cómo es posible?” me pregunté; ¿cómo es posible que, cuando el interior de España se despuebla, cuando se cierran pueblos, cuando la gente parece seguir huyendo de esos pueblos porque no hay servicios, ni -aparentemente- proyecto de vida posible, no sólo exista un mercado de compra de aldeas y pueblos, sino que éste sea además floreciente…?

A su vez, me surgía un cierto cuestionamiento ético: ¿es ético que se pongan en venta pueblos que se abandonaron porque la gente no podía vivir allí, porque les faltaron todo tipo de recursos y servicios, y ahora alguien haga negocio con ellos…?  Y seguían surgiendo otras preguntas, ¿están las zonas rurales en condiciones de negar a cualquiera que haga inversiones y arriesgue su dinero en arreglar unas casas y un pueblo, de otro modo condenados a la ruina…? ¿cabe establecer diferencias en función del arraigo al pueblo…? ¿es ético comprar “un pueblo” en lugar de una casa…?  ¿y qué pasa si se quiere vivir o levantar un pueblo, pero no se tiene dinero para comprar ni el pueblo ni una sola casa, y surge la okupación, por ejemplo?  ¿Es el dinero el único factor que rige la normalidad de un proceso de recuperación de una aldea o pueblo abandonado…? ¿Se recuperan las casas o se recupera la comunidad…?

Como sucede en tantos temas controvertidos que hemos analizado con anterioridad, la realidad es muy compleja y no se deja encorsetar por lugares comunes, simplificaciones ni apriorismos (por mucho que hoy en día algunos aseguren tener soluciones sencillísimas y fulminantes para todos y cada uno de los problemas de nuestro país).

De lo que estamos hablando es de la intervención de personas -o empresas- privadas, bien sobre el tejido urbano físico de los pueblos o aldeas abandonadas, bien sobre la comunidad, re-construyendo, o más bien creando comunidades donde éstas ya habían desaparecido…Y que cualquiera de estas cosas se haga con dinero o sin dinero (o poco dinero).  Da la sensación de que dinero y “comunidad” estén correlacionadas negativamente: cuanto más dinero menos comunidad, y al revés.  En cualquier caso, este cruce de variables -y sus puntos intermedios- genera una casuística muy amplia, y cometeríamos un error metiéndolo todo en el mismo saco.

Un primer grupo -que es aquel al que se refería el mencionado artículo de “El País”: propietarios privados (individuales u organizados), con dinero suficiente para comprar una casa o un pueblo entero y rehabilitarlos.  El objetivo puede ser crearse un “retiro dorado” distinto de la “casa en la playa”, o puede ser crear un hotel con encanto u otro establecimiento de turismo rural, o a veces una mezcla de ambas cosas.   Y si bien la inversión suele ser privada, la rehabilitación suele contar con mucha subvención…que esa subvención se esté dando “a quien lo necesita”, eso ya es otro tema…

aldeas en venta

En esta modalidad también entrarían los proyectos para traer jubilados extranjeros a los pueblos, como está planteando (no sé si con éxito) Viva Rural Spain. Este tipo de proyectos plantea que la repoblación con mayores de poder adquisitivo medio-alto puede ser una fórmula de revitalizar el tejido económico y de servicios de los pueblos…

También con dinero mayoritariamente público intervienen muchas veces sindicatos, ONGs o grupos scout, que han recibido pueblos desde las Confederaciones Hidrográficas o desde las Comunidades Autónomas (herederas, a su vez, del antiguo Patrimonio Forestal del Estado, por ejemplo).  Y el objetivo es la creación de entornos que aúnan el turismo rural y de naturaleza con la defensa de los valores propios de cada organización gestora.  En Aragón, tenemos ejemplos como Morillo de Tou (restaurado por Comisiones Obreras), Ligüerre de Cinca (restaurado por UGT) o Griébal (restaurado por un grupo scout).  Es muy importante indicar que, en estos casos, el caserío del pueblo se convierte en un “centro de vacaciones”, no en un pueblo verdadero o una nueva comunidad.  Y si bien no hay un fin de lucro o de recuperación de la inversión, esto lo situaría cerca del primer grupo.

osia

En ocasiones, sobre todo si hay poco dinero, asociaciones culturales o amigos más o menos organizados deciden comprar casas -muy baratas-, y poco a poco restaurarlas, con intención de tener “un pueblo”.  Precisamente, el hecho de tener poco dinero obliga al trabajo propio y comunitario, lo que genera vínculos que dan lugar a una nueva comunidad, distinta de la del pueblo original, pero comunidad, al fin y al cabo.  Recuerdo un grupo de amigos “progres” de Zaragoza, que pasaron tiempo reconstruyendo el caserío de Osia, perteneciente al municipio de Jaca, pero perdido en algún lugar del Prepirineo…

El ejemplo más acabado de esta correlación negativa entre dinero y comunidad son las aldeas “okupadas”, que responden a un modelo que comenzó con los “hippies” de los años 70, que ha sufrido diferentes altibajos y que hoy en día sigue existiendo, y de manera menos anecdótica de lo que pueda parecer: en Europa, la Red Global de Ecoaldeas agrupa casi 300 iniciativas; la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE) agrupa unas 20 iniciativas, en el Pirineo Aragonés hay al menos 5 pueblos “okupas” y otros 3 llamados de “neorrurales”…  Estas iniciativas buscan el mantenimiento, o más bien reconstrucción de las comunidades rurales, caracterizándose (según la propia RIE) por “la propiedad compartida, los procesos participativos en la toma de decisiones, la búsqueda de la sostenibilidad (social, cultural, ecológica y económica) y la regeneración de los entornos naturales y sociales”.

A veces, la okupación inicial ha derivado en fórmulas legales más completas, como puede ser el caso de Cal Cases (configurado como una cooperativa de vivienda), o Lakabe, que cuenta con el apoyo activo del gobierno de Navarra.

En muchos de estos últimos casos, la presencia de gente joven en estas localidades -al contrario de los primeros grupos que hemos comentado, normalmente promovidos por jubilados o a punto de serlo-, ha permitido una verdadera reconstrucción del tejido social, la apertura y el mantenimiento de las escuelas y, en definitiva, que volviera la vida a esos pueblos.  No obstante, la convivencia ha sido en muchas ocasiones difícil, debido a las diferencias culturales con la población “de toda la vida”, a la propia dureza de la vida en la montaña o en el campo, a la dificultad de la gestión asamblearia -que requiere grandes dosis de paciencia y voluntariedad-, o al papel de la Administración, a veces colaboradora y a veces represora, como mostró el reciente caso de los okupas de Fraguas: unos jóvenes condenados por rehabilitar un pueblo que ya no “era pueblo” en términos legales, sino Monte de Utilidad Pública, por lo que su -buena-intención constituía un delito…paradojas de esta España despoblada (para hablar de cómo se aplica la Ley en España, ya hay otros blogs…).

Todos estos procesos, que se siguen dando y creo que son imparables, generan una serie de retos y cuestiones que están por resolver; pongo sobre la mesa algunos de ellos:

fraguas

  • ¿Tiene sentido recuperar -y vender y comprar- pueblos abandonados, o no deberían centrarse los esfuerzos en mantener y potenciar aquellos núcleos que todavía mantienen población?
  • Si un pueblo es “privado”, ¿qué obligación tiene de seguir los criterios urbanísticos del Ayuntamiento o provincia donde se enclava? ¿puede poner la puerta de chapa, mientras en otro núcleo del municipio se le exigiría de madera…?
  • Si un pueblo es “privado”, ¿qué obligación tiene el Ayuntamiento de proveerle de servicios de urbanización, como agua, vertido, recogida de basuras o alumbrado público…? ¿Podemos “estirar” la prestación de servicios hasta más allá de lo económicamente aceptable, en aras de la “sacrosanta” libertad de que cada cual pueda vivir donde le plazca…? Vistas las dificultades económicas de los pueblos y lo que pagan por tener veraneantes (como ya señalamos en un post anterior), la cuestión no es baladí.  Es más, ¿hasta qué punto es aceptable conceder subvenciones públicas para su rehabilitación…?
  • ¿Son pueblos, o son centros de vacaciones…? Si son esto último, ¿estarían o deberían estar sujetos a una licencia de actividad, como cualquier hotel, por ejemplo…? ¿Cuál es el límite, cuando hablamos de proyectos más amplios, que buscan “recuperar” el medio rural o los saberes tradicionales…?
  • ¿Los okupas, son “intrusos” y “depredadores” de la propiedad privada, o repobladores y prestadores de servicios de mantenimiento al territorio, donde no llega la administración?
  • ¿Es el dinero -la capacidad de compra-, lo que marca la diferencia de trato de la Administración hacia unos y otros casos…?
  • En muchos casos, la compra de aldeas y pueblos es realizada por extranjeros (USA, Canadá, Reino Unido…): ¿es esto una manera silenciosa de poner el país en manos extranjeras, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Mallorca (donde un tercio del suelo ya es propiedad alemana, y es habitual el chiste del “land número 17” de Alemania)?

Como se ve, un proceso complejo, lleno de matices y cuestiones, y normalmente poco o nada afrontado desde las políticas públicas o desde la propia sociedad, que no ve que esto sea una tendencia, y se limita a actuar caso a caso, cuando se actúa…Iremos viendo cómo sigue.

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