Fuente: Muro de Facebook de Luis Granell
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Fotografía: François Rebillard
La Diputación General de Aragón, por boca del consejero de Vertebración del Territorio, ha anunciado que deja de financiar una serie de servicios ferroviarios que se prestan en la región, con la excusa de que esa es una competencia del Estado y, además, "son muy caros".
El primer argumento es sencillamente falso. El artículo 71, apartado 12, del Estatuto de Autonomía de Aragón dice que son competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma los "ferrocarriles, que, en todo caso, incluye la coordinación, explotación, conservación y administración de las infraestructuras de su titularidad, así como la participación en la planificación y en la gestión de las infraestructuras de titularidad estatal en el territorio de la Comunidad Autónoma en los términos que establezca la ley estatal". Aragón no es titular de una red, como lo son Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Baleares, pero puede y debe participar en la planificación y gestión de la importante red ferroviaria de Adif, así como de los servicios que Renfe presta por dicha red.
El segundo argumento es cierto. Renfe cobra muy caros sus servicios. Volveré sobre ello más adelante.
Que en 2021, que la Unión Europea ha declarado año del ferrocarril, un gobierno autonómico de coalición, formado en su mayor parte por partidos de izquierda, deje de apoyar el sistema de transporte que garantiza una movilidad mucho más sostenible que la carretera, es un despropósito sin paliativos.
No vale la excusa de que el Gobierno central es el competente (lo es, pero no el único como ya hemos visto) en este tema.
A través de Renfe, el Gobierno central ayuda a financiar el coste de los servicios ferroviarios que tienen mayor demanda, pero cuyos ingresos por venta de billetes no cubren la totalidad de sus costes (cercanías y regionales). Y en el caso de los servicios con menor demanda (a consecuencia de la distribución territorial de la población), como son casi todos los de Aragón, mantiene también algunos que considera "obligación de servicio público". El problema es que organiza estos en función de la comodidad de Renfe (disponibilidad de material, personal, etc.) y no de las necesidades de la región. Por ejemplo, los trenes que sirven al eje del Jalón están programados no para atender la movilidad de sus habitantes, sino con el principal objetivo de hacer circular un tren entre Barcelona y Madrid, y otro entre Lérida y Madrid, pues tras la llegada de la alta velocidad ha suprimido todos los que, antes, servían también a las poblaciones intermedias. Es ahí donde debería entrar esa posibilidad de "participación en la planificación y en la gestión de las infraestructuras de titularidad estatal" que el Estatuto otorga a la DGA. Pero esta se llama andana...
Es cierto que Renfe da un mal servicio y, por diferentes razones, a un precio muy elevado. Pero la DGA no ha hecho nada para comprobar si las cifras que le suministraba el operador público eran reales. Os pongo otro ejemplo: muchos trenes han circulado durante meses sin interventor y, por tanto, todos los que viajaban en ellos lo hacían gratis (y sin seguro), incrementando el déficit. Los sindicatos ferroviarios se lo advirtieron a la DGA, pero esta no comprobó ni hizo nada.
El transporte regional de viajeros no es una pugna entre carretera y ferrocarril, sino que debe estar basado en la intermodalidad: carretera para distancias cortas y menor número de viajeros, y ferrocarril para las más largas y frecuentadas. En cualquier caso, lo que no cabe es esta apuesta exclusiva por la carretera que hace CHA en la DGA, al argumentar que necesita el dinero que aportaba a Renfe para dedicarlo a los autobuses.
En 2004 tuve el honor de codirigir un estudio realizado por un equipo de jóvenes y brillantes investigadores de la Universidad de Zaragoza que realizó para la DGA un completísimo estudio sobre los efectos que sobre el transporte de viajeros en Aragón podía tener la llegada de la alta velocidad y en el que se ofrecían numerosas y muy detalladas propuestas de intermodalidad. 17 años después, todas las previsiones pesimistas que en él se hacían se han cumplido, pero no se ha puesto en marcha ninguna de aquellas propuestas.
Soy consciente de lo difícil que resulta negociar con Renfe pero, ¿por qué no ha intentado la DGA explorar la posibilidad de tener otro operador ferroviario? Por directiva comunitaria, este año ha terminado la exclusividad de Renfe en este campo y, me consta porque participé en el proyecto, que las principales empresas aragonesas de autobuses (antes del desembarco de Avanza) estudiaron seriamente esa posibilidad.
¿Por qué no se ha impulsado aquella iniciativa?
Tengo para mí que porque Aragón nunca ha tenido una política de transporte público de viajeros, que es algo que va mucho más lejos que la reordenación de las concesiones de servicios de autobuses de la que el departamento de Vertebración Territorial, regido por CHA, viene hablando, que no haciendo, desde hace más de cinco años. Ahora, con el abandono del ferrocarril como parte de ese sistema, la DGA hace méritos para que Aragón siga a la cola de las regiones españolas en esta materia, con las negativas consecuencias para el medio ambiente que tendrá su apuesta exclusiva por la carretera.
¿Alguien les pedirá cuentas por ello?
