Llevamos muchos años contemplando como el sistema de pensiones del Estado español se está poniendo en entredicho por las dificultades que su mantenimiento origina hoy en día y no digamos en el futuro más próximo. Cientos de artículos de sesudos economistas, minutos sin cuento en las innumerables tertulias que pueblan nuestros medios de comunicación y debates parlamentarios en varias legislaturas, no aportan sino diagnósticos sobre una situación en la que todos parecen coincidir: su insostenibilidad. Después de tanto hablar sobre el tema, nadie ha puesto sobre la mesa una propuesta que sirva para resolver el problema a largo plazo.
Asistimos a una realidad que ha cambiado y que nos obliga a resolver de manera diferente. Ha cambiado la relación empresa-trabajador, la forma de acceder a determinados servicios, la forma de prestarlos, la esperanza de vida de los ciudadanos y el impacto que las nuevas tecnologías han provocado y seguirán provocando: una revolución brutal en todo el sistema productivo que seguirán dejando fuera del sistema a millones de trabajadores en todo el mundo.
Solo basta observar los actos que realizamos día a día para comprobar cómo participamos en el sistema productivo con acciones que redundan en beneficio de muchas empresas a cambio de nada y en perjuicio de personas que ocuparían esos puestos de trabajo con un sistema productivo diferente.
Para ilustrar esta afirmación solo unos ejemplos: nos servimos el combustible, compramos productos en tiendas o supermercados e incluso en algunos casos ya nos cobramos a nosotros mismos mediante pagos electrónicos, hacemos nuestras operaciones bancarias con medios online, nos auto citamos en las consultas médicas, nos descargamos miles de documentos a través de las redes inalámbricas, compramos viajes y así un largo etc.
Está claro que la participación de los ciudadanos en los procesos productivos de las empresas en las que no forman parte como asalariados, contribuye por una parte a reducir puestos de trabajo y por otro a incrementar unos beneficios en las empresas que en estos casos no cotizan para la caja de las pensiones. Estos planteamientos tan sencillos nos llevan a considerar que las pensiones no pueden descansar únicamente sobre las cotizaciones que empresas y trabajadores realizan a la Tesorería General de la Seguridad Social. Este nuevo mercado de trabajo va a generar grandes masas de ciudadanos que a lo largo de si vida no van a generar cotizaciones suficientes para tener derecho a una pensión. Mientras tanto vemos que la riqueza se concentra, en grandes grupos económicos que controlan la economía y los mercados provocando más que una desigualdad, un foso que separa a los diferentes estratos de la sociedad y que puede provocar conflictos difíciles de resolver. Winnie Byanyima una luchadora ugandesa contra la desigualdad, denunciaba en una entrevista de la última revista de Oxfam Intermon “ es intolerable que solo ocho hombres tengan la misma riqueza que los 3600 millones más pobres del mundo”.
Los ciudadanos españoles no se encuentran en ese grupo, pero urge acometer un plan que permita a todos los ciudadanos vivir dignamente cuando llegue al final de su vida activa y que recoja a la vez las diferencias contributivas que a lo largo de la vida laboral haya realizado cada trabajador.
Para ello y con cargo a los presupuestos Generales del Estado, se deberá establecer una renta mínima básica, que se establezca en base a la realidad de cada momento, para todos los ciudadanos a la edad de jubilación. Para nutrir esta renta, será necesario modificar la legislación fiscal española, con una reforma de todas las figuras impositivas, incluido el IRPF y el impuesto de sociedades y creación de otras nuevas que se adapten a la nueva realidad económica del país.
Cabe preguntarse con que recursos las empresas podrían hacer frente a unos impuestos que lógicamente serían más altos. Como la parte correspondiente a la pensión básica ira con cargo a los PGE, las cotizaciones que las empresas y trabajadores a la Tesorería General de la Seguridad Social realizan por contingencias comunes disminuirían notablemente, aumentaría la competitividad de las empresas y por tanto incrementaría su cuenta de resultados que posibilitaría mejoras salariales para los trabajadores.
Con este planteamiento solo queda una cuestión a resolver ¿Cómo se complementaria la pensión básica hasta situarla en un nivel de renta acorde a un estado de bienestar?
La disminución de las cotizaciones a la seguridad social de las empresas les permitiría contribuir a consolidar un fondo para cada trabajador que se nutriría de una aportación mínima realizada por la propia empresa y de retenciones obligatorias practicadas a los trabajadores en la nomina para este fin. Estos fondos serían de titularidad personal de los trabajadores y les acompañarían a lo largo de su vida independientemente de la empresa en la que trabajaran, además, podrían aportar según su voluntad y en base a sus posibilidades el capital que consideraran conveniente con la seguridad de que están constituyendo la base de ahorro que se convertirá en el complemento de su pensión en el futuro y que en caso de fallecimiento será masa hereditaria para sus descendientes. Estas aportaciones deberían tener deducciones fiscales para incentivar el ahorro de los ciudadanos.
De esta forma, la pensión definitiva tendría dos conceptos distintos, el básico de carácter público para todo el mundo y el complementario de carácter privado que capitalizará las aportaciones de carácter laboral y privado que cada persona ha realizado a lo largo de su vida.
