La presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias ha exigido al gobierno central que ponga ya medidas sobre la mesa para frenar la despoblación. Entre lo más urgente, una exención fiscal para aquellos que viven y emprender en el medio rural. Con este motivo, resulta útil entender qué se está haciendo desde el ámbito político e institucional con un proceso que se inició en los años del desarrollismo (desde el año 1964 a 1975) y que aún hoy está vaciando de seres humanos el medio rural.
Carmen Sánchez recordó en unas declaraciones a la Cadena SER el pasado 26 de febrero que, “a pesar de que Mariano Rajoy creó una comisión para debatir este asunto, a día de hoy no se ha tomado ninguna medida. El tiempo corre y algunos municipios agonizan”.
«Lo más urgente, ha dicho, es pensar que la gente que vivimos en el medio rural debería tener algún tipo de exención fiscal». Sánchez señala que «siempre se habla de que en el medio rural es muy costoso prestar los servicios, y es cierto, pero también es muy costoso para sus habitantes poder acceder a algunos servicios», como «que tus hijos vayan a la universidad, poder trasladarte para hacerte una radiografía al hospital de referencia» y que «no es lo mismo montar un negocio en una pequeña población de 500 habitantes que en una población de 5.000«, incide.
Remarcó en las mencionadas declaraciones que “es importante emprender campaña de concienciación y sensibilización y, además, no vale ‘café para todos'» ya que «en unas zonas hará falta fomentar un tipo de infraestructuras, en otra fomentar empleo o el turismo; en otra la industria agroalimentaria«.
Carmen Sánchez exige que «se pongan a hacer algo, lo que sea, alguna medida, aunque se equivoquen» porque, además, asegura, «no se está vendiendo como debería el potencial que tiene el medio rural», que es una «tierra de oportunidades, donde hay nichos de empleo, donde hay más servicios que hace 50 años, donde la gente tiene una calidad de vida que no la tiene en las ciudades«. Considera que «hemos hablado durante mucho tiempo de lo que nos faltaba y muy poco de la cantidad de oportunidades que tiene el medio rural«.
Por estudios y documentos no va a ser
El pasado año se presentó un “informe sobre la despoblación en Aragón” realizado por el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) a petición de la institución del Justicia de Aragón. Se han tenido en cuenta los informes demográficos consolidados entre el año 2000 y el 2016. Sus conclusiones fueron de verdadero impacto al detallar negro sobre blanco una impresión con la que se convive en el medio rural aragonés y de la que el ciudadano del medio urbano no parecía tan consciente: mientras que en las ciudades de Zaragoza y Huesca creció la población durante ese periodo, en el resto de Aragón cayó el número de habitantes en cerca de 30.000. Las únicas excepciones a este factor común fueron los territorios de las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón/Caspe y Cinca medio.
La preocupación por el paulatino despoblamiento del medio rural no es una exclusiva aragonesa. Otras comunidades autónomas vienen manifestándola desde hace años aunque ninguna na armado un cuerpo de iniciativas de gobierno reunidas en un plan sistemático. Mucho menos una planificación con objetivos, medidas, acciones y presupuestos.
El primer documento técnico en el que el Gobierno de Aragón planteó la despoblación como un asunto de preocupación que afrontar mediante un plan integral se remonta al año 2000. En noviembre de 2014 se reconvirtió (o rebautizó con algunos matices de contenido) en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA). Casi dos año después, en marzo de 2016, se decide equiparar la revisión y actualización de un Plan Integral contra la despoblación del año 2000 a la figura de planeamiento territorial denominada Directriz Especial de política Demográfica y contra la Despoblación porque “las cuestiones demográficas y la distribución de la población en el sistema de asentamientos merced a que resultan cuestiones cuyo diagnóstico, estudio y propuestas exceden su tratamiento demográfico/poblacional y deben enfocarse como políticas de índole territorial y estratégicas para la política autonómica.”
Se ha puesto en marcha un calendario de actividades en varias cabeceras comarcales para recabar información de cada territorio; sesiones celebradas entre los meses de marzo y abril de 2017. Desde entonces se está a expensas de conocer el documento que integre todo lo dicho y debatido del que puedan extraerse un “Plan Integral”.
Debate de Estado
Entre tanto de las proclamas y acuerdos de gobierno de la DGA y de varios otros gobiernos autonómicos el asunto llegó a la preocupación nacional. El Pleno del Senado aprobó en su sesión del el 16 de enero de 2013 “La creación, en el seno de la Comisión de Entidades Locales (….) de una Ponencia de Estudio con arreglo a los siguientes criterios:
1. La Ponencia de Estudio tendrá por objeto el análisis de los factores que han venido provocando el fenómeno de la despoblación rural en España, principalmente en la España interior, de sus causas y consecuencias, y de las medidas que deben adoptar para atajar y revertir este fenómeno.
2. La Ponencia prestará especial atención al problema de la despoblación rural en el marco de la crisis económica que atraviesa nuestro país y a las ventajas que puedan derivarse de la apuesta económica por la recuperación del entorno rural en amplias zonas de nuestro país.”
Esta misma Comisión de Entidades Locales del Senado aprobó el 28 de abril de 2015 por unanimidad la adopción de medidas frente a la despoblación rural. La Comisión acordó impulsar medidas para el asentamiento y el desarrollo poblacional. Tras esta aprobación, fueron debatidas de nuevo en el pleno celebrado el día 10 de junio de aquel año. Aún se está a la espera de que el Gobierno de España adopte medidas de actuación coordinadas e integradas en un plan de acción. Para cualquier curioso conviene la lectura del informe sobre el trabajo de la Comisión Especial y, sobre todo, las conclusiones de su trabajo publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales número 505.
Acuerdos en el cajón
Por la citada comisión especial de la Cámara Alta pasaron expertos, representantes de instituciones, organizaciones empresariales, asociaciones y vecinos del mundo rural. Todos ellos fueron mostrando la realidad que viven los pueblos más pequeños de las quince provincias españolas que están afectadas por el problema de la despoblación. Para hacer frente a esta «lacra social», la Comisión aprobó impulsar nada menos que 50 medidas, seguidas de una relación de 35 propuestas que, al parecer, constituyen la encomienda concreta al Gobierno de España para configurar la mencionada Política de Estado sobre despoblación.
Todas estas medidas, como ocurre con los diez mandamientos, se resumieron en… ¡ocho ámbitos! A saber:
1. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
— Tener en cuenta en las políticas de ordenación del territorio las necesidades concretas de las gentes y los territorios de montaña.
— Desarrollar dichas políticas de ordenación, compatibilizándolas con la protección integral del paisaje, con la creación de empleo y la prestación de servicios públicos de calidad.
2. COMUNICACIONES
— Estrategia para la mejora de las infraestructuras y de las comunicaciones, con la introducción selectiva de las nuevas tecnologías de la información (telefonía móvil e internet) en todos los territorios de montaña.
3. RECURSOS Y ESPACIOS NATURALES
— Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
— El agua es un recurso limitado, por lo que es necesario mantener la racionalización de su uso, en beneficio de las poblaciones de montaña.
— Evitar la degradación de los ríos, a través de las inversiones pertinentes.
— Dar prioridad a los espacios naturales, parques nacionales o reservas de la biosfera, a la permanencia de la población, reconociendo el importante valor del paisaje, así como del patrimonio natural y cultural de estos territorios.
4. SERVICIOS PÚBLICOS
— Posibilitar una gestión integrada de servicios públicos que se ajuste a las competencias de las administraciones correspondientes.
— Facilitar el acceso a la vivienda y los programas de rehabilitación.
— Garantizar en las zonas de montaña el mantenimiento de servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación y la dependencia.
5. EMPLEO
— Potenciar la competitividad del sector primario, impulsando la ganadería y la agroindustria, así como la promoción de sus productos.
— Potenciar la industrialización de las zonas de Alta Montaña de una manera sostenible.
— Incentivar la gestión forestal de las zonas de montaña, la transformación integral de la madera, así como la prevención de incendios, la limpieza y ordenación del monte, la producción de biomasa, resina, la gestión de la caza y la pesa y de los recursos micológicos.
— Potenciación de la economía y del empleo verde, así como de la ganadería y agricultura ecológicas.
— Primar la potenciación del empleo para la mujer y los jóvenes.
— Fomentar el cooperativismo y las agrupaciones de productores agropecuarios.
— Aplicar a las medidas de la PAC una singular atención a las zonas de montaña.
6. MEDIDAS FISCALES
— Abordar el desarrollo de la vigente fiscalidad, en orden a favorecer el régimen de la población residente en los municipios de montaña, con especial atención a los emprendedores, impulsando entre otros los beneficios en el IRPF, impuesto de sociedades, autónomos, módulos e I+D.
7. MEDIDAS ECONÓMICAS
— Discriminación positiva en políticas sociales y demográficas.
— Dotación económica suficiente para garantizar la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
— Apostar por las Cooperativas de Crédito y las Sociedades de Capital Riesgo, para impulsar la actividad económica.
— Impulsar proyectos estratégicos generadores de empleo a través de sociedades mixtas de capital público-privado.
— Impulsar empresas de actividades tecnológicas.
— Potenciar la formación, la innovación y el talento, a través de escuelas de negocios, universidades y congresos profesionales.
— Hacer valer el turismo relacionado con el patrimonio natural y cultural de estos territorios.
8. MEDIDAS Y MODELOS DE GESTIÓN
— Desarrollar políticas transversales de dimensión económica, social y medioambiental, teniendo en cuenta, de manera preferente, la concurrencia de la mujer y de los jóvenes.
— Simplificar los trámites administrativos, en orden a favorecer el desarrollo de los territorios de montaña.
— Considerar la actividad de los Grupos de Acción Local para apoyar eficazmente las iniciativas de desarrollo de las zonas de montaña.
— Fomentar la cultura del emprendimiento.
— Impulsar redes de municipios de montaña, con especial atención a la arqueología industrial y al turismo.
— Impulsar fórmulas para captar inversiones para las zonas de montaña.
Tras todo este proceso, el Consejo de Ministros del 28 de enero de 2017 nombró a la senadora Edelmira Barreira Diz comisionada del Gobierno ante el reto demográfico, consecuencia de “un paulatino envejecimiento de nuestra población, con bajas tasas de natalidad y con un saldo vegetativo negativo”. Su labor, pactar con las autonomías las políticas a seguir en esta materia.
¿Y la europea?
Desde hace años, el Catedrático de la Universidad de Zaragoza Francisco Burillo defiende que “hay instrumentos en la Unión Europea para dotar financieramente un plan de acción contra la despoblación”. Buena parte del territorio del Sur de la provincia de Zaragoza y casi toda la de Teruel quedarían encuadradas en un territorio que Burillo dio en llamar la “Serranía Celtibérica” que se extiende por varias comunidades que comparten el espacio geográfico del Sistema Ibérico. Con una extensión de 63.098 km2 (doble que Bélgica), tiene censada una población de 487.417 habitantes y una densidad de 7,72 habitantes por km2. De sus 1.263 municipios, 556 tienen menos de 100 habitantes, cuando en el resto de España hay 514. Presenta una situación de despoblación extrema, acentuada desde los años 60, momento en el que los polos de desarrollo se ubicaron en otros territorios, potenciando la emigración. Se la ha bautizado como “la Laponia del Sur”.
Estos datos llevan a Burillo y decenas de entidades sociales, académicas y políticas que se integran en el proyecto de la Serranía Celtibérica a “que, como eurorregión poco poblada, la Unión Europea tenga en cuenta su condición periférica y fronteriza y aplique las medidas legisladas en materia de montaña, ruralidad y despoblación”. El catedrático solicita al Gobierno de Aragón que lidere e inste al resto de las comunidades autónomas incluidas en la Serranía Celtibérica a crear una Agrupación de Regiones de la Serranía Celtibérica. Reclama también que este territorio sea declarado una ITI (Inversión Territorial Integrada) y, como tal, reciba ayudas específicas de Europa que promuevan su desarrollo.
Las “ITI” tienen tratamiento presupuestario especial por parte de la Unión Europea pero es preciso que sea así reclamado desde el Gobierno Nacional (o varios si la zona es compartida por varios) afectado. En España hay cinco en desarrollo: en la zona Atlántica, en Cádiz, en el Mar Menor, en Teruel y en Castilla-La Mancha. Conseguir una más para la Serranía Celtibérica supondría una fuerte y compleja negociación con Europa puesto que se trata de sus presupuestos y de la participación de España en los actuales y futuros fondos de cohesión.
