TERRITORIOS

Sobre la Ley y cómo se aplica

ANONIMO
Texto publicado por Miguel A. Gracia Santos en su blog consultoraeuropea

Original aquí.

En todo este debate de la despoblación, una demanda bastante generalizada ha sido la de retomar la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del medio rural.  Es una Ley elaborada por un gobierno del PSOE, y que ha sido especialmente reivindicada desde la izquierda, denunciando además el hecho de que dicha Ley fuese “metida en un cajón” por la derecha en sus años posteriores de gobierno.  En resumen, dicha Ley, más que en solución, se convierte de momento en otro nuevo trasto que tirarse a la cabeza unos y otros.

Es cierto que esta Ley introduce algunos elementos valiosos: bebiendo de la experiencia francesa (sobre todo) en materia de desarrollo rural, establece una tipología de comarcas en España, reconociendo “la necesidad de una atención diferenciada”, y también establece una serie de Medidas, que más o menos repiten los tipos de Medidas contemplados en los Programas de Desarrollo Rural (PDR), que ya se financian en España con cargo al FEADER (el segundo pilar de la PAC, con financiación de la Unión Europea).  Teniendo en cuenta que ya existe una dotación económica europea, y que la aplicación de mecanismos comarcales o paracomarcales está en la base de las iniciativas LEADER (hoy “Estrategias de Desarrollo Local Participativo”), podemos decir que la base de esta Ley “española” está en las políticas de desarrollo rural que provienen de Europa, de esa UE que tantas veces se descalifica…

Lo anterior nos debería hacer ver, al menos, dos cosas: 1) que, sin haber sido capaces de aplicar una Ley contra la despoblación en nuestro propio país (y financiarla), difícilmente podemos ir a pedirle a Europa que sea sensible con el tema, y además se “rasque el bolsillo”…nos contestarán que, primero, demostremos nosotros lo que nos preocupa, aplicando políticas y  rascándonos el bolsillo; 2) que, en ausencia de una puesta en marcha decidida de la Ley estatal, los PDR de las Comunidades Autónomas disponen de título legislativo y financiación suficiente (la dotación FEADER en España para el periodo 2014-2020 es de 8.297 millones de euros) para hacer muchas cosas por el desarrollo rural y por la despoblación, y si no es así, si los resultados no son los esperados, habrá que preguntarse por qué, y pedir las oportunas responsabilidades, o sencillamente, plantearse si todo es cuestión de dinero.

Al no haberse aplicado, la Ley 45/2007 merece el beneficio de la duda, la dotación económica y su puesta en marcha.  Ahora bien, no nos engañemos: ninguna Ley “resuelve” por sí sola los problemas; sería iluso pensar que la despoblación y el desequilibrio territorial secular de España se resuelven porque así se diga en el BOE.  No obstante, el enfoque “comarcal” sí permite un análisis abordable del problema de la despoblación, como señala recientemente el profesor Jesús G. Regidor, en línea con ese no confundir población y poblamiento, que he comentado en alguna ocasión.  Claro que esto tendrá siempre el precio a pagar de unos pueblos concretos que sí desaparecen, de unos núcleos de población que ya no lo serán, pero la decisión (más allá de engaños y populismos) es como en las películas de submarinos (donde el capitán, para salvar el barco y la mayor parte de la tripulación, ha de cerrar la escotilla y algunos marineros morirán ahogados sin remedio): se trata de decidir si salvamos algunos núcleos, y con ello el medio rural, o pretendemos salvar a todos y los perdemos a todos…

Pero, sobre todo, más importante que la Ley en sí misma es cómo se aplica, la “gobernanza” de la Ley, y la propia Ley lo reconoce al final del apartado I de su Preámbulo.  Y de esto sí que puedo hablar con cierto conocimiento de causa, también para moderar las expectativas.

En el momento de la aprobación de esta Ley y de su asunción por las comunidades autónomas (en torno a 2008-2009), yo era concejal en una cabecera de comarca aragonesa, ocupando además responsabilidades de gobierno. Y la primera noticia de esta Ley la tuve a través de mi “jefe de filas” -no del gobierno ni la administración regional-, que ya había negociado con el gobierno las dotaciones económicas de cada comarca…Y luego, en mi comarca, una serie de personas -hábilmente escogidas por todos los partidos para representarles a ellos en la práctica, aunque teóricamente representaban al tejido social-, pusieron sobre la mesa una lista de proyectos, en formato “carta a los reyes magos”, sin abandonar el enfoque micromunicipal, sin ningún carácter estratégico, sin ninguna visión de la sostenibilidad de las inversiones…una yuxtaposición de proyectos que el técnico de turno iba metiendo en una Excel, que sería luego pasada por el tamiz de las siglas de los partidos, para garantizar el “equilibrio” y la “representatividad” territorial.

A título de ilustración, les aseguro que una de las “inversiones estratégicas” para el futuro del territorio era un camión de la basura…Ni un estudio coste-beneficio, ni una comparativa de inversiones, ni de alternativas de financiación, ningún tipo de evaluación previa: nada.

La crisis económica paró en seco la Ley y acabó con la dotación económica prevista en aquel momento; pero, si se hubiera llevado a cabo, hoy estaríamos exactamente como estamos, con unos cuantos millones de euros menos en las arcas públicas y con los pueblos igual de vacíos o más…por los que circularía un camión de la basura más nuevo, eso sí.

En resumen, ni mucho menos descalifico la Ley: reconozco su necesidad y su valor, pero insisto en que la gobernanza, sobre todo, sigue siendo un elemento fundamental para la correcta administración de los fondos (muchos o pocos, actuales o futuros) que llegan al medio rural y permitan cumplir realmente los objetivos de reequilibrio territorial y lucha contra la despoblación.  Esto es válido para una Ley estatal, para unos reglamentos comunitarios o una normativa autonómica.  Pero, hasta ahora, no me ha parecido que las muchas reivindicaciones y pancartas de los territorios clamasen por esta gobernanza, tal vez porque ello implicaría un ejercicio de autocrítica que es siempre más difícil que la búsqueda del enemigo externo y la asunción del papel de víctima…

Miguel Angel Garcia Santos

Soy consultor especialista en proyectos europeos y desarrollo local y rural, y vivo en Alcañiz (provincia de Teruel, Aragón, España). Durante 6 años fui técnico de en proyectos europeos de Desarrollo rural y Medio Ambiente en el Centro para el Desarrollo del Maestrazgo, que gestionaba la Iniciativa LEADER II de desarrollo rural. Durante 7 años viajé por el mundo, dedicado a la exportación de productos locales: primero la cerámica y luego los productos agroalimentarios (gestionando el primer consorcio de exportación de la provincia de Teruel). Durante 4 años he trabajado en una empresa consultora de proyectos europeos, especializándome en el programa LIFE, dedicándolo a temas como ciudades sostenibles, lucha local contra el cambio climático, infraestructuras verdes, o prevención de incendios forestales.