Pueblos en venta, comunidades y repoblación

Días atrás, tuve ocasión de leer un artículo en “El País”, cuyo titular me había llamado la atención: “Compre un pueblo abandonado en España y dese prisa porque sube de precio”.  “¿Cómo es posible?” me pregunté; ¿cómo es posible que, cuando el interior de España se despuebla, cuando se cierran pueblos, cuando la gente parece seguir huyendo de esos pueblos porque no hay servicios, ni -aparentemente- proyecto de vida posible, no sólo exista un mercado de compra de aldeas y pueblos, sino que éste sea además floreciente…?

A su vez, me surgía un cierto cuestionamiento ético: ¿es ético que se pongan en venta pueblos que se abandonaron porque la gente no podía vivir allí, porque les faltaron todo tipo de recursos y servicios, y ahora alguien haga negocio con ellos…?  Y seguían surgiendo otras preguntas, ¿están las zonas rurales en condiciones de negar a cualquiera que haga inversiones y arriesgue su dinero en arreglar unas casas y un pueblo, de otro modo condenados a la ruina…? ¿cabe establecer diferencias en función del arraigo al pueblo…? ¿es ético comprar “un pueblo” en lugar de una casa…?  ¿y qué pasa si se quiere vivir o levantar un pueblo, pero no se tiene dinero para comprar ni el pueblo ni una sola casa, y surge la okupación, por ejemplo?  ¿Es el dinero el único factor que rige la normalidad de un proceso de recuperación de una aldea o pueblo abandonado…? ¿Se recuperan las casas o se recupera la comunidad…?

Como sucede en tantos temas controvertidos que hemos analizado con anterioridad, la realidad es muy compleja y no se deja encorsetar por lugares comunes, simplificaciones ni apriorismos (por mucho que hoy en día algunos aseguren tener soluciones sencillísimas y fulminantes para todos y cada uno de los problemas de nuestro país).

De lo que estamos hablando es de la intervención de personas -o empresas- privadas, bien sobre el tejido urbano físico de los pueblos o aldeas abandonadas, bien sobre la comunidad, re-construyendo, o más bien creando comunidades donde éstas ya habían desaparecido…Y que cualquiera de estas cosas se haga con dinero o sin dinero (o poco dinero).  Da la sensación de que dinero y “comunidad” estén correlacionadas negativamente: cuanto más dinero menos comunidad, y al revés.  En cualquier caso, este cruce de variables -y sus puntos intermedios- genera una casuística muy amplia, y cometeríamos un error metiéndolo todo en el mismo saco.

Un primer grupo -que es aquel al que se refería el mencionado artículo de “El País”: propietarios privados (individuales u organizados), con dinero suficiente para comprar una casa o un pueblo entero y rehabilitarlos.  El objetivo puede ser crearse un “retiro dorado” distinto de la “casa en la playa”, o puede ser crear un hotel con encanto u otro establecimiento de turismo rural, o a veces una mezcla de ambas cosas.   Y si bien la inversión suele ser privada, la rehabilitación suele contar con mucha subvención…que esa subvención se esté dando “a quien lo necesita”, eso ya es otro tema…

En esta modalidad también entrarían los proyectos para traer jubilados extranjeros a los pueblos, como está planteando (no sé si con éxito) Viva Rural Spain. Este tipo de proyectos plantea que la repoblación con mayores de poder adquisitivo medio-alto puede ser una fórmula de revitalizar el tejido económico y de servicios de los pueblos…

También con dinero mayoritariamente público intervienen muchas veces sindicatos, ONGs o grupos scout, que han recibido pueblos desde las Confederaciones Hidrográficas o desde las Comunidades Autónomas (herederas, a su vez, del antiguo Patrimonio Forestal del Estado, por ejemplo).  Y el objetivo es la creación de entornos que aúnan el turismo rural y de naturaleza con la defensa de los valores propios de cada organización gestora.  En Aragón, tenemos ejemplos como Morillo de Tou (restaurado por Comisiones Obreras), Ligüerre de Cinca (restaurado por UGT) o Griébal (restaurado por un grupo scout).  Es muy importante indicar que, en estos casos, el caserío del pueblo se convierte en un “centro de vacaciones”, no en un pueblo verdadero o una nueva comunidad.  Y si bien no hay un fin de lucro o de recuperación de la inversión, esto lo situaría cerca del primer grupo.

En ocasiones, sobre todo si hay poco dinero, asociaciones culturales o amigos más o menos organizados deciden comprar casas -muy baratas-, y poco a poco restaurarlas, con intención de tener “un pueblo”.  Precisamente, el hecho de tener poco dinero obliga al trabajo propio y comunitario, lo que genera vínculos que dan lugar a una nueva comunidad, distinta de la del pueblo original, pero comunidad, al fin y al cabo.  Recuerdo un grupo de amigos “progres” de Zaragoza, que pasaron tiempo reconstruyendo el caserío de Osia, perteneciente al municipio de Jaca, pero perdido en algún lugar del Prepirineo…

El ejemplo más acabado de esta correlación negativa entre dinero y comunidad son las aldeas “okupadas”, que responden a un modelo que comenzó con los “hippies” de los años 70, que ha sufrido diferentes altibajos y que hoy en día sigue existiendo, y de manera menos anecdótica de lo que pueda parecer: en Europa, la Red Global de Ecoaldeas agrupa casi 300 iniciativas; la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE) agrupa unas 20 iniciativas, en el Pirineo Aragonés hay al menos 5 pueblos “okupas” y otros 3 llamados de “neorrurales”…  Estas iniciativas buscan el mantenimiento, o más bien reconstrucción de las comunidades rurales, caracterizándose (según la propia RIE) por “la propiedad compartida, los procesos participativos en la toma de decisiones, la búsqueda de la sostenibilidad (social, cultural, ecológica y económica) y la regeneración de los entornos naturales y sociales”.

A veces, la okupación inicial ha derivado en fórmulas legales más completas, como puede ser el caso de Cal Cases (configurado como una cooperativa de vivienda), o Lakabe, que cuenta con el apoyo activo del gobierno de Navarra.

En muchos de estos últimos casos, la presencia de gente joven en estas localidades -al contrario de los primeros grupos que hemos comentado, normalmente promovidos por jubilados o a punto de serlo-, ha permitido una verdadera reconstrucción del tejido social, la apertura y el mantenimiento de las escuelas y, en definitiva, que volviera la vida a esos pueblos.  No obstante, la convivencia ha sido en muchas ocasiones difícil, debido a las diferencias culturales con la población “de toda la vida”, a la propia dureza de la vida en la montaña o en el campo, a la dificultad de la gestión asamblearia -que requiere grandes dosis de paciencia y voluntariedad-, o al papel de la Administración, a veces colaboradora y a veces represora, como mostró el reciente caso de los okupas de Fraguas: unos jóvenes condenados por rehabilitar un pueblo que ya no “era pueblo” en términos legales, sino Monte de Utilidad Pública, por lo que su -buena-intención constituía un delito…paradojas de esta España despoblada (para hablar de cómo se aplica la Ley en España, ya hay otros blogs…).

Todos estos procesos, que se siguen dando y creo que son imparables, generan una serie de retos y cuestiones que están por resolver; pongo sobre la mesa algunos de ellos:

• ¿Tiene sentido recuperar -y vender y comprar- pueblos abandonados, o no deberían centrarse los esfuerzos en mantener y potenciar aquellos núcleos que todavía mantienen población?
• Si un pueblo es “privado”, ¿qué obligación tiene de seguir los criterios urbanísticos del Ayuntamiento o provincia donde se enclava? ¿puede poner la puerta de chapa, mientras en otro núcleo del municipio se le exigiría de madera…?
• Si un pueblo es “privado”, ¿qué obligación tiene el Ayuntamiento de proveerle de servicios de urbanización, como agua, vertido, recogida de basuras o alumbrado público…? ¿Podemos “estirar” la prestación de servicios hasta más allá de lo económicamente aceptable, en aras de la “sacrosanta” libertad de que cada cual pueda vivir donde le plazca…? Vistas las dificultades económicas de los pueblos y lo que pagan por tener veraneantes (como ya señalamos en un post anterior), la cuestión no es baladí.  Es más, ¿hasta qué punto es aceptable conceder subvenciones públicas para su rehabilitación…?
• ¿Son pueblos, o son centros de vacaciones…? Si son esto último, ¿estarían o deberían estar sujetos a una licencia de actividad, como cualquier hotel, por ejemplo…? ¿Cuál es el límite, cuando hablamos de proyectos más amplios, que buscan “recuperar” el medio rural o los saberes tradicionales…?
• ¿Los okupas, son “intrusos” y “depredadores” de la propiedad privada, o repobladores y prestadores de servicios de mantenimiento al territorio, donde no llega la administración?
• ¿Es el dinero -la capacidad de compra-, lo que marca la diferencia de trato de la Administración hacia unos y otros casos…?
• En muchos casos, la compra de aldeas y pueblos es realizada por extranjeros (USA, Canadá, Reino Unido…): ¿es esto una manera silenciosa de poner el país en manos extranjeras, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Mallorca (donde un tercio del suelo ya es propiedad alemana, y es habitual el chiste del “land número 17” de Alemania)?

Como se ve, un proceso complejo, lleno de matices y cuestiones, y normalmente poco o nada afrontado desde las políticas públicas o desde la propia sociedad, que no ve que esto sea una tendencia, y se limita a actuar caso a caso, cuando se actúa…Iremos viendo cómo sigue.